Hoy, 18 de abril, continuando con sus
acciones en centros de la Administración del Principado de Asturias, la
Corriente Sindical d’Izquierda procedió a ocupar la Consejería de Hacienda y
Sector Público. El motivo es su protagonismo en la reciente negociación del
reglamento de jornada, vacaciones y permisos, negociación en la que ha dado la
medida de la actitud de la administración asturiana respecto a los recortes a
los empleados públicos: una vergüenza.
Cuando desde las posiciones sindicales de
forma unánime se hacen peticiones que no tienen repercusiones económicas, que
recuperan derechos eliminados arbitrariamente desde el gobierno del PP hace
menos de un año, y cuando esas peticiones ya han sido negociadas y aceptadas en
otras administraciones de variado signo político, y aquí no se dignaron
tenerlas en cuenta es cuando no cabe ninguna duda: el gobierno asturiano es
responsable de los ataques a los empleados públicos que venimos sufriendo en
los últimos meses. No solo no aportan soluciones sino que se niegan a las que
aportan los propios empleados públicos de forma directa o a través de sus
representantes.
Estos días hemos conocido una nueva
sentencia (y van…) que ahonda en lo que decimos: los compañeros del Conceyu por
otra Función Pública n’Asturies acaban de ganar una sentencia que declara
ilegal el horario de 40 horas impuesto al personal con el Complemento de
Dedicación Especial por Resolución de 29/06/2012. En aquel momento fue clamorosa la
acusación al gobierno asturiano de ser más
papista que el Papa y apresurarse a aplicar el aumento de jornada mucho
antes que en la mayoría de la propia Administración del Estado. Ahora, el
Juzgado de lo Contencioso nº 5 de Oviedo declara ilegal aquella Instrucción por
absolutamente precipitada, carecer de justificación legal alguna -pues la
legislación básica del Estado no exigía dicha ampliación- y ser un órgano
manifiestamente incompetente para adoptar dicho acuerdo. Recomendamos la visita
al blog de los compañeros de COFPA, a los que felicitamos por esta sentencia y
su labor en general.
Tenemos abiertos muchos frentes: recortes de
plantilla, continúa la práctica de la libre designación, la transparencia de
esta Administración es tan virtual como inexistente, y se sigue culpando a los
empleados públicos de las carencias de los gestores. Aquí sobramos todos menos
ellos. En esta línea se encuentra el gobierno asturiano.
Todos son culpables, por acción o por
omisión.
La CSI lo tiene muy claro: si nos agraden,
respondemos. La movilización es tan necesaria ahora como en julio del año
pasado, porque ahora el agresor está más cerca, lo tenemos al lado.
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